Miércoles, 25 de abril de 2007 - 18:19 GMT
Argentina:
anulan indulto a Videla 
Max Seitz
BBC Mundo, Argentina
BBC Mundo, Argentina
Una junta militar gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Un tribunal argentino declaró inconstitucional los indultos concedidos a los ex jerarcas del gobierno militar Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera, acusados de violaciones de los derechos humanos.
Los beneficios a Videla y Massera habían sido concedidos por el ex presidente peronista Carlos Menem en diciembre de 1990. Los dos ex integrantes del gobierno de facto (1976-1983) fueron condenados a reclusión perpetua en 1985 por delitos de lesa humanidad. Precedente Con la resolución de la Cámara en lo Criminal Federal, vuelven a tener vigencia las penas de impuestas a los ex militares por su actuación en lo que las fuerzas armadas denominaron "lucha contra el terrorismo durante el Proceso de Reorganización Nacional". Carlos Menem indultó a unos 50 militares entre 1989 y 1990. Esto sienta un precedente para otros casos similares.
Fueron los abogados Alicia Palmero, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, y Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quienes formularon el pedido de anulación de los indultos.
Videla, quien estuvo al frente del golpe que derrocó a la mandataria constitucional María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 y fue el primer presidente del gobierno militar, se encuentra actualmente preso por el robo de bebés de desaparecidos, mientras que Massera fue declarado incapacitado.
El abogado constitucionalista Félix Loñ, dijo que no cree que la situación de Videla y Massera cambie mucho: "Ambos podrían mantener sus sentencias, pero en razón de su edad podrían cumplir las condenas en sus domicilios". Por la misma causa también habían sido condenados Orlando Agosti, otro miembro de la primera junta militar, y Roberto Viola y Armando Lambruschini, presidente y miembros de la segunda. Todos ellos murieron.
Desaparecidos Organizaciones de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas
durante el gobierno de facto en Argentina.
La decisión de la Cámara en lo Criminal Federal es considerada un nuevo paso en la eliminación de las barreras que aún impiden juzgar a ex militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
En junio de 2005 se derogaron otras trabas para que la justicia investigar a cientos de ex miembros de las fuerzas de seguridad: las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).
Un tribunal argentino declaró inconstitucional los indultos concedidos a los ex jerarcas del gobierno militar Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera, acusados de violaciones de los derechos humanos.
Los beneficios a Videla y Massera habían sido concedidos por el ex presidente peronista Carlos Menem en diciembre de 1990. Los dos ex integrantes del gobierno de facto (1976-1983) fueron condenados a reclusión perpetua en 1985 por delitos de lesa humanidad. Precedente Con la resolución de la Cámara en lo Criminal Federal, vuelven a tener vigencia las penas de impuestas a los ex militares por su actuación en lo que las fuerzas armadas denominaron "lucha contra el terrorismo durante el Proceso de Reorganización Nacional". Carlos Menem indultó a unos 50 militares entre 1989 y 1990. Esto sienta un precedente para otros casos similares.
Fueron los abogados Alicia Palmero, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, y Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quienes formularon el pedido de anulación de los indultos.
Videla, quien estuvo al frente del golpe que derrocó a la mandataria constitucional María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 y fue el primer presidente del gobierno militar, se encuentra actualmente preso por el robo de bebés de desaparecidos, mientras que Massera fue declarado incapacitado.
El abogado constitucionalista Félix Loñ, dijo que no cree que la situación de Videla y Massera cambie mucho: "Ambos podrían mantener sus sentencias, pero en razón de su edad podrían cumplir las condenas en sus domicilios". Por la misma causa también habían sido condenados Orlando Agosti, otro miembro de la primera junta militar, y Roberto Viola y Armando Lambruschini, presidente y miembros de la segunda. Todos ellos murieron.
Desaparecidos Organizaciones de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas desaparecieron y fueron asesinadas
durante el gobierno de facto en Argentina. La decisión de la Cámara en lo Criminal Federal es considerada un nuevo paso en la eliminación de las barreras que aún impiden juzgar a ex militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
En junio de 2005 se derogaron otras trabas para que la justicia investigar a cientos de ex miembros de las fuerzas de seguridad: las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).
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