Brasil publica los crímenes de la dictadura
PRIMER INFORME OFICIAL SOBRE LAS TORTURAS Y ASESINATOS DEL REGIMEN MILITAR
Eleonora Gosman
SAN PABLO CORRESPONSAL
egosman@clarin.com
El presidente Lula da Silva presentó ayer el primer informe oficial que condena los crímenes cometidos por la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. El libro, llamado "Derecho a la Memoria y a la Verdad" trae relatos de 339 casos de desaparición, tortura y homicidios.
Es la primera vez que un documento de ese tipo sale de un gobierno brasileño. Lula fue contundente al declarar: "Vamos a continuar los trabajos para dar una respuesta a los familiares de las víctimas. La historia de Brasil exige esa verdad, tal cual esta es". A lo largo de 500 páginas se erige con claridad meridiana la culpa de los militares que dirigieron los destinos brasileños a lo largo de tristes 21 años.
Es la primera vez que el Estado brasileño determina en forma oficial la responsabilidad de los organismos de represión militar y policial en los delitos contra los opositores. Su elaboración demandó un trabajo de 11 años y se basó en la compilación de datos de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos coordinada por el ministro de Derechos Humanos Paulo Vannuchi. Este funcionario, quien firma la obra junto con el presidente de esa comisión Marco Antonio Rodrigues, fue víctima de las torturas. Vannuchi militaba en la Alianza Libertadora Nacional, una organización de lucha armada de finales de 1960.
Como señala el libro, los horrores sufridos por los opositores al régimen fue cuando ya estaban presos y en condición de total indefensión. Los relatos de torturas y asesinatos indican que el régimen militar utilizó métodos de una crueldad que tiene como antecedentes los espantos de los campos de concentración nazis o los sótanos dictatoriales de Argentina.
El caso del médico Joao Carlos Haas Sobrinhom es un testimonio de la bestialidad. Recibido en Río Grande del Sur conducía un puesto de salud en Araguaia, al sur de Pará, de donde fue secuestrado y ajusticiado por los militares. Testigos de su asesinato contaron que para asustar a los pobladores, el cuerpo mutilado del joven fue expuesto durante días en una plaza pública.
Una suerte parecida corrió el padre Antonio Henrique Pereira Neto, un ayudante directo del célebre arzobispo Hélder Cámara (a quien la dictadura bautizó de "Obispo Rojo"). En 1969, a los 29 años, fue asesinado en Recife donde coordinaba la Pastoral de la Juventud. Pereira Neto era perseguido por denunciar en forma sistemática los horrores de la represión bajo el gobierno militar y el 26 de mayo de aquel año lo capturó un presunto Comando de Caza a Comunistas.
Encontraron su cuerpo un día después con terribles señales de torturas: estaba colgado de un árbol cabeza abajo, lo habían castrado, golpeado y mostraba heridas de cuchillo, quemaduras y los dos balazos con los que lo ejecutaron. La investigación judicial fue archivada y ninguno de los acusados fue condenado. Otra historia pavorosa es la de la estudiante Nilda Carvalho Cunha, de 17 años.
Murió en 1971 como consecuencia de las torturas que le infligieron en la Base Aérea de Salvador. Liberada en estado calamitoso, ciega y sin poder respirar, murió a los pocos días. El certificado de defunción informó que había muerto por edema cerebral. Pero la madre Esmeraldina denunció los padecimientos de su hija. Un año después ella también fue asesinada. Una de sus hijas encontró el cuerpo colgado de un cable eléctrico y con manchas de sangre.
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