Derechos humanos
Apeló resoluciones de la Justicia
Gabriel Sued
Tres años después de que la Corte Suprema ordenó indemnizar a una familia exiliada durante la última dictadura militar, el gobierno de Néstor Kirchner resolvió frenar pagos similares y llevó nuevamente la cuestión ante el máximo tribunal. Durante los últimos meses, el Ministerio de Justicia rechazó al menos cuatro peticiones de exiliados y luego apeló resoluciones de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que habían confirmado el derecho de los exiliados.
Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales y de la Casa Rosada. Las presentaciones lograron por ahora detener los pagos y dejaron al descubierto el cambio de postura del Gobierno, que en los comienzos de la gestión de Kirchner había respaldado un proyecto de ley que establecía un pago para los exiliados políticos de 75 pesos por cada día fuera del país.
La iniciativa fue aprobada en el Senado en 2004, pero nunca fue tratada en Diputados y perdió estado parlamentario a comienzos de este año. La cuestión que deberá resolver la Corte gira en torno de la interpretación que se hace de la ley 24.043, de 1991, que estableció indemnizaciones para todas las detenciones por cuestiones políticas entre 1976 y 1983.
A los cuatro casos que acaban de llegar al máximo tribunal podrían agregarse en los próximos meses cientos de expedientes que esperan su resolución en el Ministerio de Justicia. Las estimaciones marcan que entre 10.000 y 50.000 argentinos debieron exiliarse durante la dictadura.
La cuestión dejó en evidencia también la disputa que el tema generó en el organismo que conduce Alberto Iribarne: basado en dictámenes del procurador general de la Nación, Osvaldo Guglielmino, el ministro resolvió el rechazo de las peticiones, pese a que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, había aprobado los pagos.
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04.09.2007 13:01
Fuente: DyN
04.09.2007 13:01
Fuente: DyN
El Ministerio de Justicia había negado la reparación histórica
Apelan indemnizar a perseguidos por la dictadura
Fue el propio Gobierno. Lo hizo sobre resoluciones de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que hicieron lugar al reclamo de cuatro víctimas que debieron exiliarse forzosamente durante el Proceso.
Apelan indemnizar a perseguidos por la dictadura
Fue el propio Gobierno. Lo hizo sobre resoluciones de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que hicieron lugar al reclamo de cuatro víctimas que debieron exiliarse forzosamente durante el Proceso.
El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, ya se había mostrado en contra de la reparación histórica a perseguidos durante la dictadura.
El Gobierno apeló ante la Corte Suprema una serie de fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que le ordenaba pagar una indemnización a perseguidos de la última dictadura a quienes el Ministerio de Justicia les había negado tal reparación histórica.
Así lo informaron a la agencia de noticias DyN allegados a los propios beneficiados por el fallo de la Cámara. El 21 de agosto pasado, esa agencia informó que desde abril la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al reclamo de cuatro víctimas de la dictadura que debieron exiliarse forzosamente porque sus vidas corrían peligro. Se trata de los casos de Eduardo Molina Zequeira, Norma Grinfeld de Goobar, Viviana López Osornio y Andrea Benites Dumont, todos ellos exiliados durante la dictadura y con status de refugiados políticos reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Todos ellos iniciaron el trámite administrativo previsto por la Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991, que establece “beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares”.
Todos ellos iniciaron el trámite administrativo previsto por la Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991, que establece “beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares”.
En los cuatro casos, el reclamo había contado con la aprobación de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, pero fue rechazado por la Procuración del Tesoro, a cargo del ex juez Osvaldo Guglielmino y por el ministro de justicia, Alberto Iribarne.
En todos los casos, la Sala Uno de la Cámara, con las firmas de los jueces Pedro Coviello, Néstor Buján y Bernardo Licht, dejó “sin efecto” las resoluciones del Ministerio de Justicia que negaron el beneficio a las víctimas de la dictadura y ordenó “a la autoridad administrativa que realice la liquidación conforme la situación fáctica denunciada”. Sin embargo, los abogados del gobierno apelaron la medida ante la máxima instancia judicial y, según revelaron las fuentes, lo propio había hecho anteriormente con otros casos similares.
En el último de los fallos, el de Benites Dumont, DyN pudo establecer que el Estado presentó recurso extraordinario el 17 de agosto, y diez días después el expediente pasó a estudio de la Corte Suprema. En los hechos, la apelación implica que el fallo de Cámara no está firme y, en consecuencia, el Estado no pagará –al menos por ahora- las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura.
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